Nestlé, Pascual o Danone se preparan para reclamaciones de hasta 1.000 millones por el cártel lácteo

El sector lácteo español será protagonista en los próximos años de una gran batalla legal que puede alcanzar los 1.000 millones de euros en reclamaciones, uno de los conflictos más grandes por competencia que se hayan producido nunca en el país. A un lado del ring, un grupo de miles de ganaderos de granjas lácteas de todos los tamaños, agrupadas con varios importantes bufetes. En el otro, el grupo de las grandes industrias lácteas que fueron sancionadas en el expediente de la CNMC de 2015, acusadas de concertación de precios. Son compañías tan grandes como Danone, Corporación Alimentaria Peñasanta (Central Lechera Asturiana), Lactalis, Nestlé, Puleva, Pascual o Schreiber (proveedor lácteo de Mercadona).

Este 11 de julio era el último día que los bufetes de abogados que representan a los distintos grupos de ganaderos asociados tenían para reclamar contra las industrias lácteas por un cártel y una concertación de precios que según la CNMC se produjo de forma continuada entre 2000 y 2013, pero que los demandantes creen que se ha seguido produciendo hasta la actualidad.

Se exige a las industrias que compensen a los ganaderos por haberles comprado durante años la leche a un precio por debajo del valor de mercado, debido a que supuestamente existía un acuerdo de las compañías para conseguir el producto mucho más barato aprovechándose de una supuesta acción conjunta que prohíben las leyes de competencia.

En los burofaxes que se han enviado a los industrias se señala que «cometieron durante años las infracciones de intercambiar información sobre precios de compra de leche cruda de vaca, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche, lo que les permitía coordinar su comportamiento y evitar ofrecer mejores precios y condiciones comerciales» y se conmina a las industrias a llegar a un acuerdo amistoso. Las industrias, por su parte, ya tienen decidido que no llegarán a tal acuerdo y que litigarán.

Grandes bufetes

Los ganaderos ya llevan varios meses reuniéndose alrededor de distintos grupos para demandar. De todos ellos, el más importante está conformado por el despacho Gómez Acebo & Pombo, que ha sido el único de los despachos de abogados que ya demandó a las industrias lácteas en un procedimiento mercantil que las enfrentó con la cooperativa navarra SAT San Antón -la misma cuyas denuncias a Competencia provocaron el expediente de investigación y la posterior sanción- y que está a falta de sentencia en un juzgado mercantil de Granada.

Junto a este bufete opera el fondo Ramco Litigation Funding, liderado por Cristina Soler, que ha visto la oportunidad de financiar acciones que tienen un alto coste como el peritaje con el compromiso de cobrar una parte de la indemnización futura cuando esta se produzca. Ramco es un fondo de gran prestigio que ha financiado demandas en el sector postal por 400 millones de euros, en un caso que enfrentará a la empresa concursada Unipost con Correos.

Fuentes del sector estiman que Gómez Acebo y Ramco han logrado aglutinar el mayor número de reclamaciones por volumen, con unos 400 millones de euros, y que además han conseguido cubrir las acciones judiciales con seguros de costas, que aportan tranquilidad a los demandantes antes las cantidades millonarias que se van a reclamar.

En segundo lugar a bastante distancia se encuentra el grupo de Redi Abogados, que ha aglutinado a granjas de tamaño importante principalmente en Cataluña, León, Andalucía o Castilla y que tiene reclamaciones que se valoran en aproximadamente 250 millones de euros. El pasado diciembre, OKDIARIO anunció del avanzado estado de las gestiones de estos abogados, que acumulaban una cantidad millonaria sólo en las granjas catalanas, de mayor tamaño que la media española. Según Andoni de la Llosa, uno de los socios de Redi, «hasta finales de septiembre todavía hay margen para que la gente se sume y de hecho se siguen sumando».

En tercer lugar se encuentra el bufete Eskariam, que ha aglutinado entre unos 1.700 y unos 2.200 granjas principalmente de Galicia, y que lleva a algunas asociaciones como Agromuralla. Para litigar, se ha asociado con el bufete británico Hausfeld y la empresa de peritajes Compass Lexecom.

Respuesta de las industrias

Este periódico se ha puesto en contacto con fuentes oficiales de varias industrias lácteas. Los franceses de Lactalis han señalado “consideramos que en todo momento hemos actuado respetando la legalidad vigente en línea con nuestro compromiso con el cumplimiento normativo y así lo estamos defendiendo en el recurso presentado ante la Audiencia Nacional”.

Por su parte, desde Nestlé se ha señalado que «cumplimos estrictamente con la legalidad en la contratación para la compra de la leche fresca. Nestlé suscribe regularmente contratos individuales con sus ganaderos y utiliza unos índices de precios ajustados al mercado real. Nestlé siempre ha mantenido su estricto respeto por las normas de competencia y continuará haciéndolo en el futuro».

Por su parte, otro de los grandes afectados, Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A., la empresa que posee la marca Central Lechera Asturiana, ha respondido lo siguiente: «En primer lugar la CNMC en ningún momento a lo largo de todo el procedimiento se habla de un cartel, sino de meros intercambios de información. Dicho esto, debemos señalar que el procedimiento se encuentra “sub-iudice”, es decir recurrido por CAPSA ante la Audiencia Nacional negando la totalidad de los hechos imputados; y el proceso judicial se prolongará durante un periodo de tiempo, pudiendo ser susceptible la posible Sentencia, de posterior recurso ante el Tribunal Supremo. Por todo ello, no alcanzamos a entender cómo pueden pretender interponer reclamaciones cuando no existe resolución judicial alguna al respecto de esta causa».

Con respecto a Pascual, ha respondido a OKDIARIO que «por el momento únicamente estamos recibiendo algunos burofax, la mayoría comunicando la interrupción de la prescripción del plazo para posibles reclamaciones. En este sentido, y como hemos manifestado en anteriores ocasiones, estamos muy tranquilos ya que confiamos en demostrar con sobrados argumentos que Pascual no ha infringido la normativa de la Ley de Defensa de la Competencia ni ha llevado a cabo prácticas anticompetitivas».

Otras industrias que no han podido ser contactadas para este artículo y que sí han sido demandadas son Puleva, Schreiber (proveedor lácteo de Mercadona), Celega o Danone.

Recurso en la Audiencia Nacional

Los procesos judiciales que se inicien con las demandas están en cierto modo a la espera de la resolución al recurso que las industrias lácteas hicieron ante la Audiencia Nacional para tratar de revocar la sanción de la CNMC de José María Marín Quemada, que las multó en 2015 con 88 millones de euros y que 2019 tuvo que recalcular la sanción para dejarla en 80 millones. Por el momento, la Audiencia Nacional ha permitido suspender cautelarmente el pago de las multas de algunas industrias como Puleva, a cambio de consignar un aval bancario por el mismo importe. Pero el tribunal especial no se ha pronunciado todavía sobre el fondo del asunto. El sindicato Unións Agrarias está personado en este caso.

En caso de que la Audiencia Nacional no ratifique la multa de CNMC, el caso podría acabar en el Tribunal Supremo.